PAN
Justicia para combatir la impunidad
50. Protección de las mujeres
Para salvaguardar los derechos de las mujeres, Acción Nacional propondrá modificaciones legales necesarias para gravar con penas efectivas las ofensas y actos que las denigren, manteniendo en todo momento la perspectiva de reparación del daño en la comisión de estos delitos.
53. La integración familiar como medio para una sana reinserción social
El PAN propondrá un modelo de integración que apoye a los reclusos y a sus familias mediante actividades educativas, psicológicas y recreativas, de manera que éstos se vayan integrando a sus familias y adquieran hábitos de conducta que los rehabiliten e inserten en una vida social productiva.
También, las y los diputados de Acción Nacional consideran necesaria la revisión de los Derechos
Humanos de las mujeres internas en centros de readaptación social en materia de familia y crianza de hijos. La legislación actual es deficiente en regular la protección y cuidado de la madres que se encuentran en reclusión.
Para igualar oportunidades
57. Ley de Coordinación de la Educación Media Superior
La educación media superior es esencial para preparar a nuestros jóvenes en un mundo competitivo yaltamente tecnificado. Por eso, las y los diputados de Acción Nacional impulsarán el mejoramiento de la educación media superior, tanto de bachillerato como tecnológica, que permita a los jóvenes una mejor preparación para la educación universitaria y la vida laboral, incrementando con ello las posibilidades de estudiantes mejor calificados para beneficio de la competitividad del país.
Con la finalidad de promover opciones de movilidad de los estudiantes entre sistemas, las y los legisladores del PAN propondrán una Ley de Coordinación de la Educación Media Superior que buscará establecer, por primera vez, mecanismos de coordinación bien definidos entre los distintos sistemas de bachillerato, definir las opciones educativas y establecer un plan de estudios común básico para todos los estudiantes de este nivel.
Asimismo, Acción Nacional, se comprometerá a impulsar los mecanismos que favorezcan la eliminación de la desigualdad de género y disminuir la brecha educativa entre hombres y mujeres.
Universalización servicios de salud
67. Atención integral a la salud materna e infantil
Para proteger la salud y la vida de las mujeres y de sus hijos, Acción Nacional propondrá fortalecer el Programa del Seguro Médico para una Nueva Generación con el objeto de ensanchar el derecho a recibir atención médica oportuna y gratuita para reducir la mortalidad materna e infantil.
Con especial atención, el Programa deberá atender los mecanismos para garantizar un embarazo saludable, para prevenir y atender los defectos antes y durante el nacimiento y con ello proteger la vida y para proveer los servicios para la detección oportuna de VIH en mujeres embarazadas para prevenir la transmisión madre-hijo.
Transparencia programas desarrollo social
77. Rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil
Acción Nacional propondrá fortalecer los esquemas de fiscalización y rendición de cuentas de los recursos federales asignados a las organizaciones de la sociedad civil y con ello evitar el uso personal, partidario o discrecional de estos recursos.
Participación ciudadana en la democracia
103. Revisión de la legislación electoral
Las y los diputados de Acción Nacional con independencia de cualquier resultado electoral, analizarán y revisarán con toda objetividad la aplicación de la legislación electoral vigente buscando en todo caso eliminar la sobreregulación y aquellas medidas que han convertido a nuestro sistema democrático en un sistema inflexible y en exceso reglamentado.
Derechos humanos
105. Sobre el derecho a la vida
Acción Nacional promoverá la aprobación de leyes que reconozcan el derecho a la vida y su digno desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural; asimismo, promoverán leyes que otorguen información y apoyo a las mujeres que enfrentan embarazos en situación difícil, ofreciendo opciones que privilegien la vida.
107. Igualdad jurídica, derechos humanos de las mujeres y la no discriminación en el marco del
Estado de Derecho.
Acción Nacional promoverá un nuevo marco normativo que dé cumplimiento a las Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y buscará que se incorporen a la legislación nacional para garantizar el disfrute de la seguridad, incorporando el enfoque de género y de seguridad humana en la política y servicios de seguridad pública.
Las y los legisladores del PAN se comprometerán a establecer procesos especializados para la denuncia de delitos de género, como lo son feminicidios, violaciones, trata, tráfico de mujeres y niñas con el concurso de las instancias competentes en el ámbito federal y local.
PRI
7. Nuevas oportunidades de desarrollo para las mujeres
FUNDAMENTO
Las mujeres y los jóvenes deben tener una creciente participación en todos los ámbitos del desarrollo nacional. La situación que enfrentan es compleja y su principal lucha es contra la desigualdad y la falta de oportunidades para una mejor inserción social, particularmente en el mercado laboral en donde deben desarrollar de mejor manera su enorme potencial productivo y de innovación.
Una proporción creciente de mujeres y jóvenes tiene más educación y menos oportunidades de empleo; más información pero menos posibilidades para utilizarla en su beneficio; más oportunidades de contribuir con su esfuerzo al desarrollo, pero menos opciones de participación productiva. Por estas razones tienen menos expectativas y más dificultades para desarrollar una vida propia, autónoma.
En lo que respecta a las mujeres se ha ido conformando una cultura de equidad de género, que implica el establecimiento de una normatividad para ofrecerles más opciones de vida mediante acciones afirmativas. Se han logrado avances en las leyes generales y estatales homologadas a nivel internacional, con particular énfasis en la defensa de sus derechos humanos, sociales y laborales.
El Foro Económico Mundial en su informe global sobre la disparidad entre géneros de 2008, ubicó a México en el lugar 97 de las 130 naciones del mundo evaluadas.
Durante los dos últimos años el avance hacia la equidad de género fue irrelevante y el rezago en esta materia afecta al desarrollo nacional.
PROPUESTA
Promover la participación de las mujeres en el diseño de programas y proyectos sectoriales cuyo eje rector sea avanzar hacia la igualdad y el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y humanos, sociales y laborales, para que desarrollen su enorme potencial productivo y de innovación, y tengan acceso a una calidad de vida digna.
Impulsar, reforzar y defender las acciones afirmativas con perspectiva de género en las políticas y en los programas sociales de los tres órdenes de gobierno, para la plena incorporación a la vida política, económica y social de las mujeres, con justicia e igualdad.
Auspiciar el acceso universal de las mujeres a los servicios de salud, educación y vivienda, poniendo énfasis en la protección social de las mujeres sin empleo, de quienes son cabeza de familia, así como de trabajadoras migrantes, madres adolescentes, indígenas y campesinas.
Consolidar los avances jurídicos en los sistemas de procuración e impartición de justicia orientados a la atención de la problemática de las mujeres, particularmente en el caso de violencia intrafamiliar, promoviendo sanciones enérgicas a quienes cometan este tipo delito.
Ampliar, mejorar y apoyar las oportunidades de acceso de las mujeres al sistema educativo formal y al sistema de protección universal de su salud. Promoveremos una mayor asignación de becas e impulsaremos proyectos de orientación vocacional, para disminuir su deserción escolar y el rezago educativo así como, una cobertura de servicios con énfasis en el cuidado prenatal, durante y postparto para todas las madres mexicanas y en el climaterio con énfasis en la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.
Promover el reconocimiento que los derechos de las mujeres están por encima de cualquier costumbre o tradición.
Reforzar las políticas públicas que promuevan la equidad, que incorpore permanentemente a las mujeres en la vida económica, política y social del país, para lograr igualdad y justicia entre los géneros, poniendo énfasis en las regiones donde la discriminación sigue incidiendo en la falta de oportunidades de este importante segmento de la sociedad.
Promover acciones legislativas para aplicar políticas públicas de manera transversal, con recursos suficientes y equitativos que favorezcan el desarrollo de las mujeres.
Implementar mecanismos que fortalezcan la aplicación de las leyes que sancionan y erradican las prácticas de discriminación y de violencia contra las mujeres.
PRD
8. SALUD DE LA MUJER.- Estamos comprometidos también con el impulso de políticas públicas que contemplen el derecho de la mujer a la salud. Luchamos por hacer efectivo el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad, sin discriminación, en todo el territorio nacional y bajo una coordinación que integre la prevención y atención de la salud en todo su ciclo de vida. Pugnamos por que se garantice el derecho de la mujer a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos, se le provea los medios para hacer efectiva esta decisión; se proporcione información sobre los diversos métodos de planificación familiar; se impulsen campañas de educación sexual, así como difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos para acceder a servicios de alta calidad para la interrupción legal del embarazo.
10. IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS.- Erradicar la discriminación de género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de todos y todas en marco de igualdad es uno de nuestros principales objetivos. Para tal efecto, nos comprometemos a: Garantizar la plena libertad de las mujeres para elegir y ejercer cualquier profesión y empleo; defender las libertades de capacitación, de expresión, de asociación y organización de las mujeres; impulsar medidas afirmativas que permitan compensar desigualdades y fincar las bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres; Incluir en la formulación y aplicación de las políticas públicas las relaciones de poder al interior de las familias para que no contribuyan a reafirmar el machismo y la exclusión, y sean eficaces para reducir las desigualdades; impulsar una política de igualdad de oportunidades que cruce todas las instancias y niveles de gobierno y en el sentido de que las tareas asumidas hasta ahora individualmente por las mujeres se compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad impulsando la creación de centros de desarrollo infantil en cantidad y calidad suficientes, promoviendo la organización comunitaria de programas de abasto popular y de comedores comunitarios y la escuela de tiempo completo;
Impulsar reformas legislativas para incorporar el enfoque de género en las políticas publicas y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asignando un porcentaje del presupuesto programable para atender las necesidades específicas que facilite el acceso de las mujeres a mejores estadios de desarrollo, así como su plena incorporación a las diferentes esferas de la vida nacional; y promover el derecho de las mujeres a la autonomía y a decidir libremente sobre sus vidas y sus cuerpos, entre otros aspectos, legalizando la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación en todas las entidades del país.
11. TRANSVERSALIDAD Y PARIDAD DE GÉNERO.- La transversalidad y la paridad de género deben ser políticas de Estado que incorporen las acciones afirmativas como instrumento fundamental para tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales, a través de la armonización de leyes y de políticas públicas de aplicación obligatoria que garanticen el acceso de todas las mujeres y las niñas al pleno goce de todos sus derechos, así como el avance en el ejercicio de su ciudadanía y sus libertades. Por lo anterior, proponemos las siguientes políticas públicas: Transversalidad de la paridad de género en el diseño de políticas en las distintas esferas públicas; en la actuación de la administración pública y en los diferentes órganos de los gobiernos, así como en el ámbito legislativo, en los órganos constitucionales autónomos e instituciones educativas, desde la fase de diagnóstico, evaluación, hasta la planeación, decisión, ejecución y control; y; potenciar la participación real de la sociedad en el respeto, defensa y vigencia de los derechos humanos de las mujeres mediante políticas educativas, acciones afirmativas y leyes federales y estatales que combatan y eliminen todos los estereotipos e imágenes sexistas y discriminatorias a través de una transformación cultural apoyada en campañas educativas que promuevan los valores de paridad, respeto y tolerancia.
15. DIVERSIDAD SEXUAL Y GENÉRICA.- Promovemos el respeto a la identidad sexo-genérica y el derecho de las personas con orientación sexual e identidades sexo-genéricas alternativas al pleno reconocimiento de esta condición. Dicho reconocimiento implica: Elevar a rango constitucional el derecho a la identidad sexo-genérica; el rediseño de los instrumentos civiles correspondientes para establecer las sociedades de convivencia en todas las entidades federativas; la modificación de los documentos de identidad para las personas con identidades sexo-genéricas diferentes; Buscaremos asimismo, eliminar toda norma tendiente a condenar o discriminar a las personas con base en su orientación sexual; promover la tolerancia a las diferencias y la educación sexual integral en los planes educativos, así como diseñar y poner en práctica campañas de información contra la homofobia.
45. TRABAJADORAS.- Respecto a los derechos de las trabajadoras, proponemos: construir un marco legal que garantice trabajo digno, condiciones de trabajo seguras, equitativas y satisfactorias y una remuneración justa para las mujeres. Las normas laborales deben incorporar la reivindicación de los derechos de las mujeres; Hacer valer el principio de que a trabajo igual, salario igual; Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacer uso pleno de su derecho al trabajo, entre ellos el requisito del examen de ingravidez para ingresar a un empleo, o el embarazo como causa de despido mediante reformas al sistema de cotizaciones de la Ley del Seguro Social; Crear, en el ámbito de las autoridades del trabajo, una instancia especial que atienda las denuncias de violación a los derechos laborales de las mujeres; revalorizar económicamente el trabajo de las mujeres en los ámbitos de lo privado y lo público; incorporar en la normatividad laboral las medidas de acción positiva de carácter temporal que tengan como finalidad la consecución de la igualdad en los hechos entre hombres y mujeres; desterrar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que se practica mediante la coerción psicológica, el abuso de las personas y el hostigamiento sexual; considerar en la normatividad laboral la reproducción humana como un asunto de interés social y responsabilidad colectiva; que por lo tanto ser asumida por igual entre hombres y mujeres. Definir los compromisos y obligaciones del Estado y los empresarios en pos de ese objetivo; garantizar que la inversión del Estado destinada a generar empleos se haga desde una perspectiva de género, fomentando así que cada vez más mujeres se incorporen a empleos formales, con apego a los derechos laborales, ya que en la actualidad existe un número creciente de mujeres en la economía informal o subcontratadas sin acceso a prestaciones o en condiciones desfavorables como las que trabajan en las maquiladoras; y, trabajar en los mecanismos que modifiquen las condiciones que ponen en desventaja a las mujeres para la participación, no sólo en abrir los espacios sino en potenciar a las mujeres para que lleguen a ellos. Sólo cuando existan las condiciones equitativas para que las mujeres participen y accedan a la toma de decisiones, estaremos en posibilidad de alcanzar una democracia plena.
